El proceso de transición energética en Uruguay, uno de los más avanzados de la región, empieza a generar tensiones en los sectores tradicionales vinculados a los hidrocarburos. El fuerte avance de los vehículos eléctricos, impulsado por incentivos fiscales que llevan varios años vigentes, ya se refleja claramente en la caída de ventas de nafta y gasoil. Esto ha puesto en alerta a los dueños de estaciones de servicio, que ven bajar sus ingresos y advierten sobre el impacto en la recaudación del Estado y en la equidad impositiva.
Según datos de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), en enero el consumo de nafta cayó 4% a nivel nacional. En Montevideo la baja fue del 6%, y en barrios como Carrasco y Punta Gorda llegó al 12%. Los empresarios del sector vinculan directamente esta tendencia al crecimiento del parque automotor electrificado.
Los estacioneros siguen de cerca la evolución de los autos eléctricos e híbridos. Entre enero y abril, según cifras que maneja la gremial, el 61% de los autos y SUV vendidos fueron de estos tipos. Además de los números, analizan cómo los beneficios fiscales influyen en las decisiones de compra. La principal ventaja es la exoneración del Imesi para los vehículos cero kilómetro.
Esta caída en la demanda de combustibles tradicionales ya se traduce en menor rentabilidad para las estaciones. En algunas zonas de altos ingresos de Montevideo, donde la adopción de eléctricos es mayor, las ventas bajaron hasta un 20%. Ante esta situación, el sector elevó sus reclamos al gobierno.
“Como toda cosa nueva necesitaba un impulso, y el gobierno lo dio con una resignación fiscal para fomentar la electromovilidad”, explicó al diario El Observador Daniel Sanguinetti, presidente de Unvenu. Sin embargo, considera que esa primera etapa ya se cumplió, algo evidente por la cantidad de eléctricos que circulan hoy. Por eso planteó la necesidad de revisar los beneficios para este segmento.
Sanguinetti advirtió que las exoneraciones alcanzarían los US$ 1.600 millones en el quinquenio, con fuerte impacto en la recaudación y en la competencia del sector. Solo por Imesi se dejan de percibir US$ 782 millones, a lo que se suman la Tasa Global Arancelaria al 0% y la patente preferencial. “Los que usan vehículos a combustión no acceden a esos incentivos y quedan en desventaja. Eso genera una inequidad que creemos debe corregirse”, señaló.
Además, criticó que la mayor parte de los autos eléctricos se concentran en barrios de alto poder adquisitivo como Carrasco, Punta Carretas y Punta Gorda. “La resignación fiscal está siendo aprovechada por un sector social que no necesita el beneficio”, afirmó.
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La Unvenu propone que los impuestos que hoy se aplican al gasoil se trasladen a la compra de autos eléctricos cero kilómetro. Sanguinetti recordó que el año pasado los aportes al fideicomiso del transporte público (3 dólares por litro) y al subsidio del supergás (1,20 dólares por litro) sumaron US$ 111 millones, mientras que solo la exoneración del Imesi por vehículos eléctricos llegó a US$ 143 millones.
En la misma línea, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) propuso eliminar dos recargos que encarecen el gasoil en 4,20 dólares por litro: el fideicomiso del boleto (3 dólares) y el factor de estabilización del supergás (1,20 dólares). Según la CCE, estos mecanismos transfirieron unos US$ 111 millones en 2025. En contraste, las exoneraciones a eléctricos e híbridos alcanzaron US$ 143,5 millones ese mismo año.
Ignacio Asumendi, de la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga y miembro de la CCE, sostuvo que “los subsidios a la movilidad eléctrica ya cumplieron su función” y que esos recursos podrían usarse para compensar los subsidios cruzados del gasoil.
El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa comenzar a aplicar Imesi a los vehículos eléctricos, amparado en la Ley de Presupuesto. El ministro Gabriel Oddone recordó que en el primer trimestre las ventas de eléctricos e híbridos superaron a las de combustión. “Eso demuestra que los estímulos cumplieron su objetivo de forma extraordinaria”, dijo.
Oddone planteó que los beneficios deben moderarse ahora que la tecnología ya se instaló, especialmente en los vehículos de alta gama. “No hay razón para seguir estimulando su compra”, señaló. También abrió la puerta a aplicar el impuesto a otros usos recreativos, exceptuando utilitarios, transporte y maquinarias.
Desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), su gerente Ignacio Paz reconoció que mantuvieron reuniones con el MEF, pero advirtió que aplicar un nuevo impuesto podría ser “una tercera mala señal” junto al costo de la energía y la patente.
Este debate ocurre mientras Uruguay mantiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. En 2025 cerró con un 98% de generación de origen renovable. La hidroelectricidad lideró la matriz, seguida por eólica y biomasa. El factor de emisión de CO₂ del Sistema Interconectado Nacional se mantuvo en niveles muy bajos.
La segunda fase de la transición ya está en marcha con el megaproyecto de HIF Global en Paysandú, que prevé una inversión de US$ 5.300 millones para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde. Sin embargo, las negociaciones con el gobierno por el precio de la energía aún no cierran, y el proyecto también enfrentó resistencia vecinal en Argentina, lo que obligó a reformularlo y reducir su impacto ambiental.
El gobierno de Yamandú Orsi se muestra optimista y analiza alternativas de emplazamiento dentro del mismo departamento, incluso en un predio de Ancap.