América Latina lleva décadas discutiendo si cobra demasiado o demasiado poco. La respuesta, según el informe estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026, publicado en mayo por la CEPAL, la OCDE, el BID y el CIAT, es que depende de qué país se mire: la brecha entre el extremo superior y el inferior del ranking regional supera los 24 puntos porcentuales del producto interno bruto. Una distancia que, en términos prácticos, equivale a la diferencia entre tener o no tener un Estado funcional.
El promedio regional se ubicó en 21,7% del PIB en 2024, con un aumento marginal de 0,2 puntos respecto al año anterior. Ese número, sin embargo, oculta más de lo que revela. Guyana, el menor del ranking, recaudó apenas 9,2% de su PIB en impuestos, cifra que lo acerca a los países de menor desarrollo institucional del mundo.
Brasil, en el extremo opuesto, llegó al 33,7%, territorio donde ya compite con algunas economías europeas en términos de peso del fisco. Entre ambos extremos se despliega una región fragmentada, sin tendencia uniforme y con una estructura tributaria que, en casi todos sus miembros, sigue dependiendo en exceso del consumo.
La diferencia entre lo que recaudan los países de América Latina y los miembros de la OCDE se mantiene en 12,3 puntos porcentuales, una brecha que prácticamente no se ha cerrado en la última década. En 2014 era de 12,6 puntos; diez años de reformas tributarias la redujeron apenas 0,3 puntos. El promedio OCDE ronda el 34,1% del PIB.
Esa distancia no es solo estadística. Explica por qué los sistemas de salud pública colapsan, por qué la infraestructura envejece sin reposición, por qué los sistemas de pensiones acumulan déficits que se trasladan a las generaciones siguientes. Los recursos existen, pero la región los extrae con una eficiencia fiscal que, salvo excepciones, está por debajo de lo que su nivel de desarrollo requeriría.
El informe señala que los impuestos sobre bienes y servicios generaron el 49,2% de la recaudación total en la región durante 2024, casi el doble de lo que representan en la OCDE (31,2%). El IVA, en particular, explicó el 28,9% de todos los ingresos tributarios, con un aporte equivalente al 6,2% del PIB en promedio. Los impuestos a la renta, en cambio, representaron solo el 29,1% del total, cuando en los países desarrollados superan el 36%. Las contribuciones a la seguridad social alcanzaron apenas el 15,9%, frente al 25,5% de la OCDE.
El diagnóstico que emerge no es nuevo, pero el informe lo cuantifica con precisión: América Latina recauda poco, lo hace de forma regresiva —cargando sobre el consumo más que sobre la renta o el patrimonio— y la volatilidad de los precios de materias primas sigue condicionando las finanzas públicas de las economías extractivas.
El año 2024 no fue uniforme. De los 29 países analizados, 15 aumentaron su recaudación como porcentaje del PIB y 13 la redujeron. Los mayores incrementos correspondieron a: Cuba (5,0 puntos porcentuales), Barbados (2,1 puntos) y Brasil (2,0 puntos), todos impulsados por reformas tributarias recientes.
En el otro extremo, Trinidad y Tobago cayó 3,0 puntos por el desplome de los precios de la energía, y Guyana retrocedió 2,4 puntos por el efecto estadístico de un crecimiento económico que superó al incremento de la recaudación.
Los ingresos fiscales provenientes de hidrocarburos cayeron del 4,1% al 3,1% del PIB entre 2023 y 2024 entre los principales productores de la región, reflejando la volatilidad persistente del mercado energético. Para 2025 la caída estuvo en el entorno al 3% del PIB. Los ingresos mineros, en cambio, mostraron cierta recuperación, con una estimación al alza para 2025 impulsada por el precio del oro, la plata y, en menor medida, el cobre.
Por subregiones, América del Sur promedió un 22,9% del PIB, América Central y México llegó al 19,8% y el Caribe se ubicó en 22,3%. La dispersión interna de cada bloque es, en todos los casos, más importante que las diferencias entre bloques.
Brasil encabeza con 33,7%.
Barbados y Jamaica le siguen con 30,7% cada uno.
Argentina ocupa el cuarto lugar con 27,6%.
Uruguay y Nicaragua quedan quintos, prácticamente empatados con 27,3% cada uno.
Segunda mitad (de la lista):
Costa Rica: 24,8%
Trinidad y Tobago: 24,6%
Belice: 24,5%
Bolivia y El Salvador: 23,6% ambos
Granada (Grenada): 23,5%
Cuba: 22,9%
Ecuador y el promedio regional: 21,7% ambos.
Por debajo de la media:
Santa Lucía: 21,3%
Honduras: 21,1%
Chile: 20,5%
Colombia: 19,9%
Antigua y Barbuda y Surinam: 19,8% ambos
México: 18,3%
Perú: 16,3%
Paraguay: 15,8%
República Dominicana: 14,7%
Guatemala: 14,3%
Panamá: 11,3%
Guyana: 9,2%
Con 27,3% del PIB, el país ocupa el quinto lugar en el ranking regional y supera en más de cinco puntos el promedio de América Latina
El dato sorprende a quienes asocian a Uruguay con la imagen de un país pequeño y ordenado que navega sin estridencias por las turbulencias regionales. Con una presión fiscal del 27,3% del PIB según el informe 2026 de CEPAL, OCDE, BID y CIAT, Uruguay no es solo el país mejor gestionado de América del Sur en términos de calidad institucional: es también uno de los que más exige a sus contribuyentes en términos de carga tributaria efectiva.
El 27,3% lo ubica en el quinto lugar entre los 29 países analizados, por encima de Colombia (19,9%), Chile (20,5%), México (18,3%) y Perú (16,3%). Solo Brasil, Barbados, Jamaica y Argentina cobran más. La distancia con el promedio regional es de 5,6 puntos porcentuales, una brecha que no es menor: equivale aproximadamente a lo que recauda Paraguay en impuestos al consumo en un año entero.
Sin embargo, el número oficial subestima la realidad de la carga que soportan los uruguayos. La metodología estándar de la OCDE contabiliza impuestos y contribuciones al sistema de seguridad social público, pero no incorpora las contribuciones obligatorias al sistema mutual de salud (FONASA) ni los aportes a las AFAP.
Cuando se aplica la metodología de Presión Fiscal Equivalente del BID, que sí incorpora esos componentes, Uruguay supera el 35% del PIB, lo que lo coloca en el tercer lugar de la región, detrás solo de Brasil y Argentina.
Esa diferencia de casi ocho puntos entre una medición y otra no es un tecnicismo contable. Refleja una decisión de política pública: Uruguay optó por un modelo de protección social que combina componentes públicos y privados obligatorios, lo que redistribuye la carga hacia el contribuyente individual sin que todo quede visible en las estadísticas tradicionales de presión fiscal.
El punto de inflexión llegó en 2007, cuando el primer gobierno del Frente Amplio implementó la reforma más profunda en décadas. La Ley 18.083 introdujo el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con tasas marginales progresivas, eliminó 14 tributos de baja recaudación considerados distorsionantes —entre ellos el COFIS— y uniformizó las contribuciones patronales a la seguridad social. El objetivo declarado era doble: más eficiencia y más equidad.
Los resultados fueron verificables. Entre 2008 y 2016, la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) aumentó un 34% en términos reales, aunque el PIB creció en proporción similar, lo que mantuvo la presión fiscal como porcentaje del producto en torno al 19% durante ese período. La reforma redujo el coeficiente de Gini en aproximadamente un punto porcentual, según estudios académicos posteriores, con los hogares del decil de mayores ingresos como principales perdedores del nuevo esquema.
El IRPF tiene una historia más larga que su reintroducción en 2007. Existió entre 1960 y 1974, cuando fue derogado durante la dictadura cívico-militar. Su retorno marcó un quiebre conceptual: Uruguay dejaba atrás un sistema centrado casi exclusivamente en el consumo para avanzar hacia una tributación más directa sobre la renta personal.
Lo que distingue al sistema tributario uruguayo no es solo cuánto recauda, sino cómo lo hace. El IVA tiene una alícuota del 22%, apenas un punto por encima de la argentina. El impuesto a las sociedades (IRAE) aplica una tasa del 25%, diez puntos menor que la de Argentina. Las contribuciones a la seguridad social rondan entre el 30% y el 35% del salario, frente al 43% del país vecino. Y sin embargo, Uruguay recauda proporcionalmente más que Argentina en los tres impuestos principales.
El IVA uruguayo aporta el 9,7% del PIB, frente al 7,4% argentino. El IRAE recauda el 7,1% del PIB, contra el 4,5% del impuesto a las ganancias en Argentina. Las cargas sociales generan el 9,6% del PIB en Uruguay, cuando en Argentina representan el 5,1%. La diferencia no está en las alícuotas sino en la base imponible efectiva: menos evasión, menos informalidad, menos impuestos distorsivos que erosionan la recaudación de los tributos principales.
Ese nivel de eficiencia recaudatoria tiene un correlato macroeconómico. Uruguay duplicó su PIB en los últimos veinte años mientras Argentina crecía alrededor del 50%. El PIB per cápita uruguayo supera los 23.000 dólares, más que duplicando el argentino. Dos países con presión fiscal similar —27,3% y 27,6% del PIB respectivamente— pero con resultados económicos y sociales radicalmente distintos. La lección que emerge es incómoda para los debates tributarios de la región: el problema no suele ser cuánto cobra el Estado, sino sobre qué base efectiva lo cobra y qué hace después con esos recursos.
El presupuesto nacional 2025-2029, presentado por el gobierno de Yamandú Orsi, introdujo modificaciones que analistas de Deloitte calificaron como la mayor evolución normativa desde la reforma de 2007.
Entre las medidas más relevantes figura la incorporación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (DMTT), que aplica a grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros y busca garantizar una tributación efectiva mínima del 15% para empresas acogidas a regímenes promocionales como zonas francas o COMAP.
Con esta iniciativa, Uruguay se posiciona, junto a Brasil, como pionero regional en la implementación del Pilar II de la OCDE en materia de tributación internacional.
El desafío de fondo no ha cambiado. Uruguay financia un Estado de bienestar relativamente robusto para los estándares latinoamericanos —con cobertura universal de salud, sistema educativo público extendido y seguridad social de amplio alcance— con una carga tributaria que ya se acerca a los umbrales de la OCDE cuando se mide en términos equivalentes.
La pregunta que la política tributaria uruguaya tendrá que responder en los próximos años no es si cobrar más o menos, sino si el gasto que financia esa presión genera el retorno social y económico que la justifica.
Fuentes: CEPAL, OCDE, BID, CIAT — Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026; DGI Uruguay; Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF); Deloitte Uruguay; Red Sudamericana de Economía Aplicada.