El documento final del espacio de negociación tripartita incorporó un apartado específico sobre el sistema de retiro. El texto establece la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada a partir de los 60 años. La medida contempla condiciones variables según el nivel de ingresos previos y las características de la trayectoria ocupacional. El informe surge en un contexto de crecimiento de la población adulta mayor y transformaciones en el empleo.
El análisis incluido en el capítulo señala que la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida generan presiones sobre el sistema previsional. A ello se suma un mercado de trabajo con mayores niveles de inestabilidad. El texto advierte que la prolongación de la actividad laboral “debe ser integrada al análisis”. No obstante, aclara que las capacidades para mantenerse ocupado en edades avanzadas no se distribuyen de forma homogénea entre la población.
El informe identifica la existencia de “desigualdades estructurales” que condicionan el momento y las condiciones del retiro. Los trabajadores con historiales laborales más inestables, períodos de empleo no registrado o responsabilidades físicamente demandantes enfrentan obstáculos mayores para continuar activos después de los 60 años. También se documentan diferencias en los años de vida saludable entre los distintos estratos socioeconómicos.
La iniciativa principal consiste en incorporar una causal adicional de retiro anticipado. Permitiría a los afiliados jubilarse desde los 60 años. Se toma como referencia la edad legal ordinaria de 65 años, según información publicada por El Observador en febrero pasado.
Para aproximadamente un tercio de los ocupados —aquellos con salarios más bajos— se propone garantizar haberes previsionales “iguales o superiores” a los que otorgaba el esquema anterior a la modificación normativa (Ley N.º 20.130). Dichos montos experimentarían incrementos graduales en caso de diferir el cese laboral. La progresión continuaría hasta equipararse con los niveles proyectados a los 65 años.
Para los afiliados pertenecientes a los tramos de ingresos más altos, también se autoriza el cese laboral desde los 60 años. Sin embargo, el diseño propuesto incorpora estímulos económicos para que este grupo permanezca ocupado hasta alcanzar la edad legal ordinaria.
El informe aclara que los trabajadores que no hagan uso de esta nueva opción conservarán las reglas vigentes establecidas por la normativa actual.
El esquema delineado contempla porcentajes de reemplazo del salario que aumentan conforme se eleva la edad de retiro. Esta estructura busca incentivar la permanencia en el mercado laboral más allá de los 60 años. Paralelamente, se mantiene la figura de jubilación anticipada para ocupaciones que involucran un desgaste físico severo o riesgos acreditados para la salud.
El documento sostiene que el objetivo es construir un sistema con enfoque “estratificado”, que reconozca las diferencias entre los distintos perfiles de trabajadores. Bajo este modelo, los sectores en situación de mayor vulnerabilidad podrían acceder a una prestación “adecuada” desde los 60 años. En los otros casos, se promovería la extensión de la vida activa mediante beneficios crecientes.
El texto enfatiza que el parámetro etario para el retiro resulta “sensible” y que cualquier debate sobre su modificación debe equilibrar dos aspectos. Por un lado, la sostenibilidad financiera del sistema previsional. Por otro, la corrección de las asimetrías existentes en el mercado de trabajo que afectan el acceso a una jubilación en condiciones dignas.