El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, compareció este martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para exponer los ejes de la modificación al Código del Proceso Penal (CPP) impulsada por el Poder Ejecutivo. La sesión habilitó la discusión legislativa del proyecto.
En declaraciones posteriores a la prensa, Díaz indicó que el encuentro no registró objeciones de fondo. “En realidad hoy cuestionamientos no existieron”, afirmó. La exposición técnica estuvo a cargo de los juristas Gabriel Valentín y Marcelo Malvar, mientras que las respuestas a las consultas fueron brindadas por el equipo redactor en su conjunto.
“Nosotros hemos sugerido que inviten a todas las instituciones que integran el grupo de trabajo, porque si bien trabajamos sobre la regla del consenso, de los 183 artículos cuya modificación se propone, prácticamente existe unanimidad en 87.90%, pero hay algunos artículos donde una delegación u otra dejó algunas constancias o algunas diferencias”, expresó Díaz.
El jerarca detalló que la iniciativa fue elaborada por un grupo de trabajo coordinado por la Prosecretaría de Presidencia. Dicho equipo incluye representantes del sistema judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la Fiscalía y el Colegio de Abogados.
Durante la sesión, los senadores plantearon dudas respecto a varios puntos del articulado. Las preguntas abarcaron figuras como la prisión preventiva, la libertad a prueba, la libertad anticipada, el proceso abreviado y el rol del juez. “Hubo un conjunto muy importante de preguntas sobre los diferentes institutos”, señaló Díaz, y agregó que el intercambio representó “el comienzo de la labor parlamentaria”.
En cuanto al debate sobre delitos de lesa humanidad y beneficios carcelarios, el prosecretario confirmó que el oficialismo decidió retirar un artículo específico del proyecto. “Hay un acuerdo entre la bancada y el gobierno de retirar ese artículo”, sostuvo. Agregó que se elaborará una nueva redacción que permita alcanzar los acuerdos necesarios.
Díaz subrayó que el propósito de la reforma es corregir situaciones que, en la aplicación vigente de la norma, generan “una serie de injusticias”. Como ejemplo mencionó el caso de penas sin posibilidad de reducción ni acceso a beneficios.
«Nosotros no renunciamos a que se le pueda otorgar la libertad anticipada, por ejemplo, a una mujer que por ingresar 50 gramos de marihuana a un establecimiento carcelario tenga que cumplir una pena íntegra de 4 años y no pueda reducir pena por trabajo y estudio, y tampoco pueda pedir la libertad anticipada».
Finalmente, el jerarca informó que la suspensión del proceso a prueba está incluida en los proyectos en tratamiento y cuenta con respaldo unánime del grupo técnico. “Es un instituto que es necesario para darle herramientas a los operadores del sistema”, indicó.